“Yo siempre escuché hablar de la otra orilla envuelta en una nube de misterio.” Esta canción de Frank Delgado es exergo perfecto o introducción para comenzar el tema que nos ocupa. Su letra nos relata los momentos álgidos del proceso migratorio cubano desde 1959. Pero, sin dudas, una página de luz en esa historia más bien triste es la reforma migratoria del 2013, con la entrada en vigor del Decreto-Ley № 302/2012, modifcativo de la Ley № 1312/1976, “Ley de Migración”. Su articulado consagró cambios signifcativos, esperados por los cubanos en la isla y el extranjero. Entre los principales podemos señalar: la eliminación del permiso de salida, la ampliación del término de permanencia fuera del territorio nacional  para perder la categoría de residente permanente (de 11 meses a 48) junto a la posibilidad de que  aquellos que la hubiesen perdido la recuperaran; y la derogación de la Ley № 989/1961 mediante la cual se confiscaban los bienes de los cubanos “ausentes con carácter definitivo del país”.

Tras esa reforma, la realidad migratoria nacional cambió de forma rápida y positiva: aumentó el número de cubanos que viajaron fuera del país y el de emigrados que readquirieron la categoría de residentes en el territorio nacional, aun cuando de facto siguieran teniendo su residencia habitual en el extranjero. Al poder permanecer 48 meses fuera del país (prorrogables por igual tiempo) muchos cubanos han decidido hacer el procedimiento, mal llamado “de repatriación”, sin necesidad de hacer vida efectiva en Cuba. El nuevo estatus les permite disfrutar de una serie de derechos que la condición de emigrante, e incluso de residente en el exterior (PRE y PSI), les vedaba: adquirir propiedades de bienes muebles e inmuebles, adjudicarse herencias, ser atendidos en los centros médicos de forma gratuita, etc. Por mi función notarial puedo atestiguar un aumento signifcativo de las escrituras sobre autorización para residir de forma ermanente, requisito necesario para el proceso antes referido, y para que los menores de edad obtengan o prorroguen su pasaporte, lo que hace entender el incremento de los viajes al exterior.

Esta realidad demuestra que la emigración no puede ser contenida con una legislación restrictiva que tiene, a su vez, efectos políticos muy negativos hacia lo interno de la sociedad y en la proyección internacional como país. Quedan, sin embargo, muchos retos. Entre los más acuciantes está eliminar la categoría de emigrante a efectos legales, disponiendo que todo cubano pueda residir en el extranjero el tiempo que decida sin que por eso pierda o se le limiten los derechos que como ciudadano ostenta. Este criterio sería más ajustado a la legislación internacional (cfr. artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) e incluso, a la Constitución de 2019 (cfr. artículo 52).

Esperemos y recemos porque esta reforma legislativa sea el inicio, pero no el final, de un camino de reconciliación fraternal entre Cuba y su emigración.