La posibilidad del error es inherente a la condición humana, pero la capacidad de rectificar nos dignifica. Pedro negó a Cristo tres veces, mas no por ello deja de ser piedra fundacional de esta Iglesia que somos y su vida posterior, culminada en la cruz, testimonia la grandeza de aquel humilde pescador que en noche aciaga renegó del Maestro. Nuestra actitud de un día no condicionará la del siguiente, pues en el reducido espacio de lo personal somos libres de modificar conductas, sea porque las consideremos erradas o  porque prefiramos actuar de otra manera.

Semejante principio, llevado al ámbito de la comunidad política organizada que llamamos Estado, es una de las bases de su funcionamiento democrático, pues siendo el pueblo titular de la soberanía, cuyo ejercicio encarga a los órganos de poder constituidos según la ley, no puede la ley misma prohibirle sustituir lo que ayer creyó bueno por algo que en el presente estime superior. De ahí que constituya error craso declarar inamovibles determinadas instituciones políticas, como suelen hacer algunas constituciones, incluso cuando tales constituciones hayan sido adoptadas por el voto mayoritario del pueblo convocado en referendo.

Si la soberanía, cuya titularidad recae en el conjunto de la comunidad, es el más alto bien posible en materia política, aceptar que lo aprobado por la mayoría de un momento regirá eternamente los destinos de todos implica depositar la soberanía de manera exclusiva en dicha mayoría, coartando su ejercicio a quienes le sucedan en tiempos venideros, pues verán la luz limitados en su derecho de autodeterminarse por decisión de sus antecesores. Teniendo en cuenta que las normas jurídicas actúan como reguladoras de relaciones sociales, ignorar los cambios ocurridos en las bases sobre las cuales dichas interacciones se sustentan es equivocación mayúscula en materia política, porque una norma ajena a la realidad deviene freno para el desarrollo de la sociedad, cuyas fuerzas endógenas terminarán por hacer estallar los marcos que de manera artificial se erigen como límites.

Está bien que las actuales constituciones cuenten con mecanismos concebidos para hacer difícil su modificación, pensados como garantía de los derechos fundamentales más que de las estructuras institucionales, ante la necesidad de frenar los embates surgidos desde posiciones ubicadas en los extremos del espectro ideológico.En cambio, yerran quienes aspiran a que sus criterios determinen por siempre la voluntad de un pueblo, pues como bien dijeran los revolucionarios franceses en el artículo vigesimoctavo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que encabeza la malograda constitución de 1793: “Un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras”.